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Antofagasta: Fiscalización a servicios de alojamiento turístico en Calama y San Pedro de Atacama

El propósito de esta fiscalización multitarea fue verificar el estricto cumplimiento de la normativa por parte de este tipo de empresas.

En caso de detectar infracciones, los organismos evaluarán las acciones que estimen pertinentes para ir en defensa de los derechos de las y los consumidores.

Consejos y derechos en el turismo

30 de abril de 2024

Antofagasta: Fiscalización a servicios de alojamiento turístico en Calama y San Pedro de Atacama

El SERNAC de Antofagasta, junto al SERNATUR, fiscalizaron a empresas de servicios de alojamiento turístico en Calama y San Pedro de Atacama, cuyo propósito fue verificar en terreno el estricto cumplimiento de la normativa por parte de este tipo de empresas.

Uno de los propósitos es comprobar si están informando y cumpliendo adecuadamente con todas las condiciones relevantes del servicio a los consumidores en el marco de las exigencias establecidas en la Ley del Consumidor y la Ley de Turismo.

El despliegue territorial permite al SERNAC confirmar, especialmente aquellos aspectos relacionados con la información de servicios ofrecidos, precios, promociones y ofertas, entre otros antecedentes. Mientras que para el SERNATUR, es revisar si los locales están inscritos en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos, entre otras materias.

Se trató de una fiscalización integrada multitarea entre el SERNAC y el SERNATUR, e implica que cada organismo, de acuerdo a sus propias facultades, fiscaliza o inspecciona a este tipo de empresas de servicios.

Es decir, la actividad es una fiscalización integrada multitarea entre el SERNAC y el SERNATUR, e implica que cada organismo, de acuerdo a sus propias facultades, fiscaliza o inspecciona a las empresas.

La Seremi de Economía, María Teresa Véliz, indicó que "tenemos muy claro que el sector turístico tiene mucha potencialidad en nuestra región, y por lo mismo hemos creado distintos programas para fomentar y capacitar al sector, pero esto también tiene que venir de la mano con acciones de ordenamiento que procuren asegurar tanto a los negocios turísticos, como también a los usuarios de estos servicios instalados en las zonas de Calama y San Pedro de Atacama".

Añadió que es muy importante esta ronda de fiscalizaciones que se están organizando entre los servicios de SERNAC y SERNATUR, que ha sido una orgánica que se viene trabajando un buen tiempo, y que, con el recambio de veraneantes, se hace necesario reforzar tanto en derechos y deberes.

Por su parte, el profesional del SERNAC de Antofagasta, Eduardo Valenzuela, indicó que, mediante el despliegue de la facultad de fiscalización, el SERNAC cumple con su compromiso de tener mayor cobertura e impacto territorial, abarcando nuevas comunas, con miras a prevenir, disuadir y corregir incumplimientos a los derechos de los consumidores, lo cual resulta relevante considerando que esta región atrae a muchos visitantes, especialmente en la época estival.

El Director Regional de SERNATUR, Mauricio Soriano, destacó la importancia de estas fiscalizaciones multitarea, sobre todo en el despliegue que abarcó más de una ciudad y en uno de los destinos turísticos más importantes que recibe turistas nacionales e internacionales.

"Este operativo en conjunto a SERNAC, es un trabajo constante y clave, sobre todo en esta etapa de recambio de turistas a la región. Por esto, nuestro principal objetivo es poder velar por el correcto cumplimiento de la Ley de Turismo N° 20.423 por parte de los servicios de alojamiento", destacó la autoridad.

Infracciones

En caso de incumplimiento a la Ley del Consumidor, las empresas arriesgan multas de hasta 300 UTM (más de $19 millones por cada infracción).

Por su parte, la Ley de Turismo (Ley N° 20.423), tanto los prestadores de servicios de alojamientos, como actividades de turismo aventura, deben estar inscritos de manera obligatoria en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos.

Quienes no cumplan con lo establecido en esta norma, arriesgan multas desde 5 a 10 UTM ($323 mil a $647 mil) en el caso de servicios de alojamiento que no se encuentren registrados.

En caso de detectar infracciones tras la fiscalización, los organismos evaluarán las acciones que estimen pertinentes para ir en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios

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